El tiempo pasa y los acuerdos internacionales frente al cambio climático recorren sendas discusiones, con la esperanza de llegar a acuerdos efectivos. Quienes presentan mayor oposición a acuerdos vinculantes y de mayor envergadura siguen siendo las principales empresas transnacionales y los principales países del mundo llamado desarrollado. 

Hoy, Perú es la sede de dos procesos, por una parte de quienes buscan conservar el medio ambiente y por otra, de quienes, quieren maquillar la protesta y la propuesta frente al cambio climático, generando acuerdos que no afectan el fondo del problema sino, vayan por paliarlo y encima, en convertir parte de la solución (la conservación de Bosques) en una mercancía.

A la fecha, el Perú es el cuarto país con mayor cantidad de bosques tropicales, cuenta con 66 millones de hectáreas y en la mayoría de éste territorio viven 52 pueblos indígenas amazónicos distribuidos en 1,192 comunidades reconocidos por el momento. Este espacio geográfico representa una zona estratégica para la gran inversión, sobre todo para la explotación de sus zonas boscosas. Gran parte de estas comunidades aún no ha sido identificada y menos tituladas, sólo para el caso de la región San Martín, en la selva nor oriental amazónica, hace 10 años, solamente se hablaba de no más de 30 comunidades indígenas, hoy se habla de más de 150, más de 90 de estas, sin reconocimiento y más de 100 sin ningún proceso de titulación en marcha, esto sólo para hablar de 1 de los 24 departamentos existentes en el Perú.

De las 128 millones de hectáreas de tierras con que cuentan el Perú, un 31% es objeto de un contrato de hidrocarburos; un 15% está sujeto a una concesión minera; y casi un 6% forma parte de una concesión forestal. En materia de biocombustibles la superficie destinada a abastecer de insumos para la producción alcanzaría poco menos de 68 mil hectáreas.

El Perú, acaba de flexibilizar toda su normatividad ambiental para “promover la inversión” y “reactivar la economía” desde la dación de la Ley 30230, también llamada por los movimientos sociales: “Paquetazo ambiental” nada se ha reactivado ni seguro, se reactivará. Lo que se está activando es la viveza de algunos grupos empresariales que quieren lucrar con el “dejar hacer, dejar pasar” de un mercado y sus lobistas, que quieren imponerse a los derechos de tod@s para engrandecer sus fortunas.

Desde hace un tiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado peruano han venido promoviendo la titulación de los predios rurales del Perú. A la fecha, pretenden desarrollar un tercer proyecto al respecto, el proyecto: “Catastro, Titulación y Registro de Tierras” o también llamado por sus siglas, PTRT 3. El mismo, titulará: 430 mil predios individuales y solamente: 150 comunidades campesinas y 100 comunidades nativas. Si consideramos que aproximadamente el 30% del territorio es solicitado por los pueblos originarios del Perú para su reconocimiento como territorios ancestrales, encontramos que el nivel de inversión en predios individuales versus los colectivos, tienen una gran diferencia en razón del peso geográfico de nuestros pueblos indígenas.

El Artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, indica que: “los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”. Igualmente subraya que los Estados deben asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos, respetando “debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”.

A la fecha, el Perú se ha comprometido a conservar 54 millones de hectáreas de bosques y que, por ello, promoverá su cuidado y aprovechamiento para la Captura de Carbono. Sobre esto último, el Estado ha indicado que fomentará como principal beneficiario a las comunidades indígenas, las mismas que deben estar tituladas para participar de este proceso.

En éste COP20, el Perú, para variar, es un nudo de contradicciones, comenzando por un gobierno que recibe a todos los demás, sin tener suficiente reserva moral para proponer o enfrentar de manera cabal los propios desafíos que presente la conservación de los recursos naturales de uno de los países más mega diversos del planeta. La gran transformación prometida por nuestro gobierno de turno, cada día se transforma en la gran decepción, más peligrosa aún, sin mayores apuestas de nuestra clase política y empresarial que el de maquillar la aniquilación de nuestros recursos naturales, uno de ellos, uno de los últimos pulmones del planeta, la Amazonía. ¿Hasta cuándo?