Luego que éste primero de septiembre del 2014, cuatro dirigentes del pueblo Asháninka fueran asesinados por la defensa de sus territorios y recursos naturales en el departamento de Ucayali, la vice presidenta de la República, Sra. Marisol Espinoza hace un anuncio: “Gobierno impulsará titulación de tierras en comunidades nativas”

La pregunta que cualquiera se haría al respecto es clara y básica, ¿cómo lo hará? Acaso espera que el proyecto: “Catastro, Titulación y Registro de Tierras” o también llamado por sus siglas, “PTRT 3” que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ¿será la solución? Recordemos que éste proyecto titulará: 430 mil predios individuales y solamente: 150 comunidades campesinas y apenas 100 comunidades nativas amazónicas.

En regiones como San Martín, existirían más de 100 comunidades indígenas por reconocer y titular, muy posiblemente en Ucayali existan cifras similares o mayores. Claro, en los sistemas de registro del Estado, figurarían números mucho menores, esto dado que no existen entes responsables de recorrer nuestras zonas rurales y ocuparse de esta labor de identificación.

En San Martín, como ha sucedido en Ucayali, han muerto varios dirigentes indígenas en la defensa de su territorio, un ejemplo es el asesinato en abril del presente año del Waan (jefe comunal del pueblo Shawi) Emilio Marichi, caso que aún sigue siendo investigado por las autoridades y que como muchos otros, no son tema de los medios de comunicación en Lima.

Problemas de conflictos y muertes pueden prevenirse para hacer frente a madereros y mineros ilegales y también a otros problemas, como la sobreposición de denuncios sobre territorios indígenas, así sería si tuviéramos más cuidado en el desarrollo y actualización de políticas territoriales en el país.

La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, indica que: “los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”. Igualmente subraya que los Estados deben asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos, respetando “debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”.

A la fecha, el Perú se ha comprometido a conservar 54 millones de hectáreas de bosques y que para lo mismo, promoverá su cuidado y aprovechamiento para la Captura de Carbono. Sobre esto último, el Estado ha indicado que fomentará como principal beneficiario, a las comunidades indígenas, las mismas que deben estar tituladas para participar de éste proceso.

De todo el procedimiento para la titulación, un asunto clave para desentrampar su avance pasa por que el Estado continúe el proceso de descentralización y que nuestro Gobierno Central impulse la transferencia de competencias y presupuestos para que los gobiernos regionales, por ejemplo, puedan desarrollar los procesos de clasificación de uso mayor de tierras. Este procedimiento necesita de personal certificado por el Ministerio de Agricultura y de laboratorios equipados y certificados por el mismo ente. Es urgente que nuestros gobiernos regionales cuenten con éste personal y equipos para evitar los actuales costos de tales estudios que hacen casi imposible que el Estado avance debidamente en el proceso de titulación .

Sobre el tema, resulta importante resaltar un extracto del Informe Nº 002-2014-DP/AMASPPl-PPI que la Defensoría del Pueblo hiciera pública hace unos meses y donde indica respecto al tema de titulación: "Sobre el particular, es importante recordar que las tareas que debe realizar una Dirección Regional Agraria para el procedimiento de reconocimiento y titulación de una comunidad campesina o nativa tienen costos elevados. En efecto, teniendo en cuenta la lejanía de las comunidades (alquiler de transporte terrestre o fluvial y el pago del combustible), así como las diversas actividades (clasificación de suelos, georeferenciación, solución de controversias de derechos, entre otras) que se tienen que realizar en el campo durante varios días (alimentación de los funcionarios), resultan insuficientes los montos que se han venido asignando en algunas regiones de nuestro país. Así, por ejemplo, en la región Ucayali donde existen, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección Regional Agraria, 15 comunidades nativas en proceso de titulación, resulta insuficiente que se destine únicamente 88 mil soles cuando -de acuerdo con datos referenciales y estimados- una sola visita de campo podría estar costando entre 15 mil y 25 mil soles, aproximadamente".

El Perú es el cuarto país con mayor cantidad de bosques tropicales, cuenta con 66 millones de hectáreas y en la mayoría de éste territorio viven 52 pueblos indígenas amazónicos. Estos pueblos tienen en sus territorios gran parte de los “últimos pulmones del mundo” apoyar su titulación y acompañamiento para la revaloración y recuperación de sus saberes para la protección del bosque, es indispensable. Del mismo modo, es urgente acompañar a estos pueblos a desarrollar formas de agricultura amigables con el bosque y que potencien el uso de pequeños espacios de terreno para producir con calidad.

Del mismo modo, es vital que el Estado tome en cuenta el informe de la Defensoría del Pueblo indicado en la presente pero, también, las diversas recomendaciones de la llamada Mesa de Dialogo Nº4 para tratar sobre temas de titulación de las comunidades indígenas y campesinas que fue instituida durante el Gobierno de Alán García y que a la fecha se encontraría inactiva y sin mayores posibilidades para promover propuestas para prevenir hechos como los indicados en la presente nota. Finalmente, nos preguntamos, ¿es acaso necesario que más ciudadanos peruanos sigan muriendo para que nuestro gobierno vuelva a recordar los asuntos pendientes respecto a los derechos de nuestros pueblos indígenas?

Autor: Jorge Arboccó Gallardo.

Fuente: IDL.

Referencias:

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-gobierno-impulsara-titulacion-tierras-comunidades-nativas-524247.aspx

En la región San Martín, existen ya más de 30 expedientes en trámite entre solicitudes de reconocimiento y titulación de comunidades nativas. Las federaciones además, reconocen cada año un número mayor de miembros que se vienen organizando producto de una mayor presión sobre sus territorios y en éste proceso, empiezan a ser “identificadas” por el Estado en base a sus demandas.

Fuente: http://servindi.org/actualidad/104098

Artículo 26. Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Fuente: MINAM, link de referencia: http://cdam.minam.gob.pe/novedades/bosquesrutavida.pdf

En San Martín, la Dirección Regional Agraria ha evaluado un costo de 5 a 8 dólares para que un especialista haga los estudios de suelo. Esto representa un gran costo para el Estado, el mismo que disminuiría considerablemente si el propio Estado contará con especialistas en cada región y laboratorios implementados y no tendría, como en la actualidad, que enviar las muestras de suelo a Lima.

Un ejemplo: Un agricultor mestizo que produce café, cultiva en promedio 40 a 80 quintales de café por hectárea en San Martín. Un indígena en la zona de Alto Mayo, San Martín, produce de 8 a 25 quintales por hectárea. En territorios amazónicos del Brasil, llegan a producir hasta 200 quintales por hectárea gracias al apoyo técnico y de investigación por parte del Estado y entes privados.