El acceso a la Educación es desde hace décadas es un derecho fundamental que nuestros Estados vienen promoviendo en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es para menos, la educación en sus diversas modalidades es un derecho y una necesidad imperante para que cualquier sociedad pueda ser sostenible.

La Ley General de Educación, en su artículo 18 indica que el Estado promueve la equidad en la educación, subrayando que: a) Ejecutan políticas compensatorias de acción positiva para compensar las desigualdades de aquellos sectores de la población que lo necesiten. b) Elaboran y ejecutar proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones y recursos tendientes a revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por motivo de origen, etnias, género, idioma, religión, opinión, condición económica, edad o de cualquier otra índole. c) Priorizan la asignación de recursos por alumno, en las zonas de mayor exclusión, lo cual comprende la atención de infraestructura, equipamiento, material educativo y recursos tecnológico

El artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niños de las Naciones Unidas, indica en punto 1: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

Sin embargo, desde hace algunos años, nuestro Estado promueve la llamada: “Educación Inclusiva” en el marco de la Convención de las Personas con Discapacidad, olvidando que, su artículo 24, además de indicar que se debe promover la educación inclusiva, en sus incisos número 3 y 4 indica:

“Inciso 3: Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas; c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

Inciso 4: A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad”

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad indican que: “la primera Encuesta Especializada sobre Discapacidad, realizada el 2012, arrojó que en el Perú hay 532 mil 209 personas que presentan limitaciones auditivas permanentes, estas representan el 1,8% de la población total. De acuerdo a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, al año 2015 la población con discapacidad en el Perú asciende a 1 619 885 (en virtud de una población total de 31 151 643), entonces, se podría estimar que la población con discapacidad auditiva al 2015 sería aproximadamente 560 mil 730 personas. El 14.4% del total de inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad presentan deficiencia en la audición, 43% son mujeres y 57% hombres; la mayoría son jóvenes entre 18 y 29 años (22.3%), seguidos por los niños, niñas y adolescentes (21. 7%), las personas adultas mayores con 20.9% y los adultos entre 30 y 44 años (19.3%).

Según esta encuesta especializada sobre Discapacidad, del año 2012; el 58,2% de los 49 816 niños y niñas entre las edades de 5 a 9 años no sabe leer ni escribir y el 22% no precisa. Se evidencia así que los estudiantes con discapacidad, entre ellos los sordos, no logran leer y escribir en la edad que corresponde a la adquisición de la lectura y escritura, estimada entre los 6 a 8 años para el III Ciclo de Educación Primaria (1° y 2° grado). La Encuesta, además, pone de manifiesto la necesidad de mejorar el nivel educativo de los estudiantes del III Ciclo y la carencia de metodologías y estrategias que brinden una respuesta educativa acorde a las necesidades comunicativas de los estudiantes sordos.”

Si uno visita o entrevista a un niño, niña o joven sordo en San Martín, encontrará varios casos donde ellos y ellas van cursando año tras año en el sistema educativo regular denominado “inclusivo”, sin saber leer, escribir y sin conocer las operaciones básicas. Además de eso, muchos de estos niños y niñas sufren grandes frustraciones por no poder comunicarse ni con sus profesores ni menos aún con sus compañeros, los mismos que muchas veces los convierten en objetos de burla.

En Lima como en varias partes del país, existen centros educativos particulares, donde niños, niñas y jóvenes con recursos estudian en instituciones educativas especializadas en la formación de las personas sordas, pero, ¿dónde quedan los demás que no pueden costear esta educación?

El Informe Defensorial N° 127, del año 2007, precisa en el ítem 12: “La mayoría de las instituciones educativas supervisadas no cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes para garantizar una verdadera educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad”. Esta situación fue reconocida por el 82.9% de directores entrevistados, quienes señalaron que su institución educativa no se encuentra preparada para recibir a los estudiantes con discapacidad. En el ítem 31, el Informe señala: “Solo el 9,4% de los docentes de las instituciones educativas supervisadas ha recibido capacitación en lengua de señas…”.

Ahora, ¿el Estado pretendería que un mismo docente enseñe en el idioma de señas y en castellano a niños oyentes y sordos por igual? ¿puede el Estado formar un gran número de docentes con un manejo especializado de Lengua de Señas? (ojo, no un manejo básico sino, especializado como en la enseñanza de cualquier idioma)

Se necesita que el Estado relea nuevamente su visión de “educación inclusiva”, que no invisibilice a los niños, niñas y jóvenes sordos bajo el cartel de inclusivo, sino, les de reales oportunidades.

Paz y Esperanza, junto con los niños, niñas y jóvenes sordos de San Martín y sus padres organizados en el Colectivo de Padres de Niños, niñas y Jóvenes Sordos de la Amazonía (COPANIJOSA), vienen trabajando desde el año 2011 en un proceso por una real educación para la persona sorda.

A la fecha San Martín cuenta con un área donada por las autoridades y ciudadanos del distrito de Nueva Cajamarca, un equipo de docentes en proceso de formación en lengua de señas y un equipo de modelos lingüísticos en proceso de formación. Son una esperanza de alcanzar a cientos de niños, niñas y jóvenes sordos de la Amazonía a su derecho a la educación.

Ese sueño puede quedar trunco si nuestro Estado nacional no revisa sus propias políticas de inclusión y las coloca en consonancia a las normas internacionales e incluso nacionales de educación. Los niños, niñas y jóvenes sordos urgen por su derecho, sobre todo aquellos de las zonas más alejadas del país, como los de la Amazonía, tantas veces postergada. Nuestros vecinos y otros países han avanzado mucho al respecto, pero, Perú se encuentra rezagado. Las políticas nacionales deben de adecuarse a las necesidades de su niñez, esperamos que eso sea pronto, el futuro de miles de niños, niñas y jóvenes sordos está en juego y con este derecho, no se puede esperar aún más.